La política de conservación documental se rige por la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y en concreto por el órgano creado a tal efecto » la Comisión Andaluza de Valoración de documentos “ que entre otras funciones tiene la de “fijar las directrices para la conservación y eliminación de documentos.